Leyes · Ley 39/2015

Ley 39/2015

Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC)

Qué regula

Ley 39/2015 en dos minutos

La Ley 39/2015 regula el procedimiento administrativo común: cómo se relacionan los ciudadanos con la Administración, cómo se tramita un expediente de principio a fin, los plazos, la notificación de los actos, los recursos y la revisión de oficio. Es la ley más transversal de toda oposición administrativa, porque se aplica a cualquier trámite.

Estructura

Cómo se organiza

  • Objeto, ámbito y sujetos interesados (arts. 1-8)
  • Administración electrónica, registros y archivo (arts. 9-20, 26-28)
  • Obligación de resolver y silencio administrativo (arts. 21-25)
  • Cómputo de plazos (arts. 29-33)
  • El acto administrativo: requisitos, eficacia y nulidad (arts. 34-52)
  • Fases del procedimiento: iniciación, ordenación, instrucción y finalización (arts. 53-96)
  • Ejecución de los actos (arts. 97-105)
  • Revisión de oficio (arts. 106-111)
  • Recursos administrativos: alzada, potestativo de reposición y extraordinario de revisión (arts. 112-126)
Lo que más cae

Puntos clave para el examen

Un avance: el contenido completo, con la cita literal del artículo, está en la app.

  • El cómputo de plazos por días hábiles, meses y horas (art. 30), y la diferencia entre el registro electrónico (24 horas) y el presencial.
  • El silencio administrativo: cuándo es estimatorio y cuándo desestimatorio (art. 24), y el efecto del «doble silencio» en el recurso de alzada.
  • Los plazos de resolución: seis meses como máximo salvo norma con rango de ley, tres meses si no hay plazo fijado (art. 21).
  • Los requisitos de validez del acto administrativo y la diferencia entre nulidad de pleno derecho (art. 47) y anulabilidad (art. 48).
  • Los plazos de los recursos administrativos: un mes para el de alzada y reposición contra actos expresos, tres meses si son presuntos.
  • Las fases del procedimiento: iniciación de oficio o a solicitud, subsanación en diez días, audiencia antes de la propuesta de resolución.
  • La revisión de oficio de actos nulos, que exige dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo autonómico.
  • Quién tiene la condición de interesado (art. 4) y cómo se acredita la representación (art. 5).

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