La Ley 39/2015 regula el procedimiento administrativo común: cómo se relacionan los ciudadanos con la Administración, cómo se tramita un expediente de principio a fin, los plazos, la notificación de los actos, los recursos y la revisión de oficio. Es la ley más transversal de toda oposición administrativa, porque se aplica a cualquier trámite.