Ley 40/2015

La Ley 40/2015 es la ley «hermana» de la 39/2015: mientras esa regula el procedimiento (la relación con el ciudadano), la 40/2015 regula la organización interna de las Administraciones Públicas — órganos, competencia, potestad sancionadora, responsabilidad patrimonial, convenios y el sector público institucional (organismos autónomos, entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles públicas).

• Disposiciones generales y principios de actuación (arts. 1-4)
• Órganos administrativos y competencia (arts. 5-14)
• Órganos colegiados (arts. 15-22)
• Abstención y recusación (arts. 23-24)
• Potestad sancionadora (arts. 25-31)
• Responsabilidad patrimonial (arts. 32-37)
• Funcionamiento electrónico del sector público (arts. 38-46 bis)
• Convenios (arts. 47-53)
• Organización de la AGE central, territorial y exterior (arts. 54-80)
• Sector público institucional (arts. 81-139)
• Relaciones interadministrativas (arts. 140-158)

• Los principios de la potestad sancionadora (art. 27): legalidad, tipicidad, irretroactividad, culpabilidad, proporcionalidad, prescripción y non bis in idem.
• Los requisitos de la responsabilidad patrimonial de la Administración (art. 32): daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado, y el plazo de un año para reclamar.
• La diferencia entre órganos activos, consultivos y de control, y el régimen de la abstención y la recusación (arts. 23-24).
• Los tipos de entidades del sector público institucional: organismos autónomos, entidades públicas empresariales, autoridades administrativas independientes, sociedades mercantiles estatales y fundaciones del sector público (art. 84).
• El régimen de los convenios: contenido mínimo, plazo de vigencia (cuatro años prorrogables) y el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación.
• La delegación de competencias, la avocación y la encomienda de gestión (arts. 8-11), y sus diferencias.
• La estructura de la Administración General del Estado: ministerios, secretarías de Estado, subsecretarías, direcciones generales.
• El funcionamiento electrónico del sector público: sede electrónica, sistemas de identificación y firma de las Administraciones.

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